Frontera consiguió que sus concejales aprueben el juicio político contra Bazla que lo denunció por no justificar $6 millones

La aprobación del juicio político para destituir al vocal del Tribunal de Contralor Municipal Ricardo Bazla, fue tan apresurada como la elaboración del dictamen. En el recinto los siete concejales del oficialismo levantaron la mano y no hubo tiempo para el debate o la expresión antes de eso.

Cecilia Lucero, del bloque Unidos por San Luis consideró que se trataba de “un ataque al rol institucional que cumple un organismo público, que el pueblo de Villa Mercedes dispuso que lo manejara la oposición”.

“Al gobierno municipal no le gusta que lo controlen, pretende hacer lo que se le ocurre con los dineros que son de los mercedinos. Pero el Tribunal de Contralor Municipal ha demostrado tener capacidad para controlar y seguir de cerca los actos de gobierno”, señaló. También dijo que hace dos años y medio que ese órgano está reclamando la documentación que demuestre en qué se gastaron $6 millones en el ámbito del Refugio de Contención Animal; y recordó que inclusive el Concejo Deliberante solicitó lo mismo sin embargo los comprobantes “no aparecen”.

“No vamos a permitir atropellos de ninguna naturaleza, porque este mamarracho de pedido político es una clara persecución a toda la oposición por parte de un Gobierno que sabe que pierde las elecciones”, completó.

Por su parte, Hugo Rossi (UCR) fue muy crítico respecto al despacho que salió de las comisiones Interpretación y Asuntos Legales, y Hacienda y Presupuesto: “Es nulo de nulidad absoluta, porque lo hicieron entre gallos y medianoche, no se convocó a los integrantes de la oposición para tratar el asunto en comisión. Han actuado tan groseramente que ni siquiera han permitido que hagamos un dictamen por minoría”, señaló.  

Consideró que es “un acto de amedrentamiento” para intentar “silenciar” a la oposición, 30 días antes de las elecciones.

“Avasallaron a la oposición, el miembro informante leyó un dictamen de 2 renglones y lo sometieron a votación, haciendo la presidenta caso omiso a los pedidos de palabra que hicimos desde la oposición. Estas conductas no son extrañas, al contrario se inscriben en la verdadera caza de brujas que desde la administración Frontera se lleva adelante contra quienes se atrevan a cuestionar su gestión”, sostuvo.

Los concejales de Frontera, Lucía Lacerda, Jorge Rosales, Roberto Mones Ruiz, Marcelo Periale, Flavia Coria, Virginia Lucero y Luis Zapata, aprobaron la destitución de Bazla, que ahora es candidato a diputado provincial por el lema Cambia San Luis, por “mal desempeño en el cumplimiento de los deberes a su cargo y posible comisión de delitos dolosos”. La denuncia fue realizada por el secretario del Sindicato de Empleados Municipales, José Mercau; el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Germán Sepúlveda; y el veterinario Javier Bossa.

En la misma hacen referencia de manifestaciones de Bazla ante la prensa y las denuncias que hizo ante el Concejo Deliberante, a las cuales acusan como “situaciones mendaces, inexistentes, antojadizas y absolutamente vacuas de fundamento y verdad”.

Piden que se investigue su desempeño dentro “en el ejercicio público”, y lo cuestionan porque integró el Gabinete de Control Fiscal y Seguimiento que impulsó Claudio Poggi, y del que fueron parte concejales de la oposición.

Bazla es el funcionario que más denuncias promovió por el mal manejo de los dineros públicos y la falta de transparencia. Porque Frontera no quiere justificar gastos por más de $6 millones lo denunció hace dos semanas ante la Justicia por administración fraudulenta. Fue luego de eso que pidió a sus concejales que promovieran de manera inmediata el juicio, justo cuando falta un mes para las elecciones.

“La orden que ha dado el intendente Frontera a sus concejales es un intento de destitución en mi contra para que no lo controlemos, pero más que contra mi persona es contra toda la oposición y contra la institucionalidad de Villa Mercedes”, dijo Bazla.

“El oficialismo cree que me va a asustar, cuando los asustados tendrían que ser ellos, que deberán dar explicaciones en la Justicia sobre qué hicieron con los $6 millones que dicen haber gastado en castraciones en el Refugio de Contención Animal, cuyos comprobantes no aparecen”, expuso.

Remarcó que fue elegido por el pueblo “para controlar y no para ser encubridor de manejos extraños a la transparencia”.